Madrir quiere frenar a la democracia.

Escribo en referencia a la nota de fecha lunes 13 de mayo del corriente publicada en el diario La Gaceta de Tucuman titulada “freno a la independencia catalana” y al diario de Rio Negro titulado Le escribo con referencia a la nota de fecha lunes 13 de mayo del corriente publicada en el diario de su dirección titulada “freno a la independencia catalana” del 9 de mayo. Al respecto, caben las siguientes puntualizaciones.

Los argentinos vivimos en un país federal y el federalismo alude a la coexistencia de dos esferas de poder dentro de un mismo territorio: la nacional y la provincial. Esto hace que el concepto de “provincia” funcione, en nuestras mentes, como acto reflejo cada vez que pensamos en realidades que no son las propias. Y así, el “reflejo pavloviano” nos lleva a pensar a Catalunya como una “provincia” española. Nada más lejos de la verdad.

La Nación catalana tiene una existencia de 1200 años y la anexión a España data de los últimos tres siglos. Catalunya no pretende una “secesión” sino retornar a su estatus histórico anterior: la independencia, perdida en 1714 guerra mediante. La nota publicada en su diario da cuenta de un hecho grave ya que el Estado español desoye el reclamo de una Nación y el fallo del Tribunal Supremo que niega la reivindicación histórica de un pueblo está expresando la ideología franquista (y, por ende, antidemocrática) que inficiona -todavía hoy- la mayor parte del sistema judicial español. El pueblo catalán, como sujeto de su historia y sujeto político quiere decidir sobre su futuro. Es un pueblo de 7 millones de habitantes (muchas naciones europeas tienen esta población), de gente adulta que quiere decidir su futuro. Nadie sabe a ciencia cierta qué dirá el referéndum, pero lo que sí constituye un hecho reñido con la libertad de expresión es precisamente eso, la prohibición de expresarse.

El pueblo escocés ya reclamó, para septiembre del 2014, un referéndum de autodeterminación y el gobierno británico lo apoya y no lo censura; Quebec lo planteó en varias oportunidades y Canadá no lo prohíbe. ¿Qué sucede con un Estado español que, en este punto, gobierna con jueces adictos y a espaldas de las reglas de juego democráticas?