El Tribunal Constitucional de España busca dar un freno al proceso soberanista de Cataluña y días atrás suspendió provisionalmente una declaración política del Parlamento catalán que califica a Cataluña como “sujeto jurídico y político soberano”.
Los argentinos vivimos en un país federal, lo que alude a la coexistencia de dos esferas de poder en un mismo territorio: la nacional y la provincial. El concepto de “provincia” funciona en nuestras mentes como acto reflejo cada vez que pensamos en realidades que no son las propias. Y así, el “reflejo pavloviano” nos lleva a pensar a Cataluña como una “provincia” española. Nada más lejos de la verdad.
La nación catalana existe desde hace 1.200 años y la anexión a España data de los últimos tres siglos. Cataluña no quiere una “secesión”, sino retornar a su estatus histórico anterior: la independencia, perdida en 1714 guerra mediante.
El Estado español desoye el reclamo de una nación, y el fallo del Tribunal Supremo que niega la reivindicación histórica de un pueblo expresa la ideología franquista y antidemocrática que inficiona –aún hoy– la mayor parte del sistema judicial español.
El Estado español desoye el reclamo de una nación, y el fallo del Tribunal Supremo que niega la reivindicación histórica de un pueblo expresa la ideología franquista y antidemocrática que inficiona –aún hoy– la mayor parte del sistema judicial español.
El catalán, como sujeto de su historia y sujeto político, es un pueblo de siete millones de habitantes, de gente adulta que quiere decidir su futuro. Nadie sabe qué dirá el referéndum, pero es un hecho reñido con la libertad de expresión que se le prohíba expresarse.
El pueblo escocés ya reclamó, para septiembre de 2014, un referéndum de autodeterminación y el gobierno británico lo apoya y no lo censura; Québec lo planteó en varias oportunidades y Canadá no lo prohíbe. ¿Qué sucede con un Estado español que, en este punto, gobierna con jueces adictos y a espaldas de las reglas de juego democráticas?
