El Estatuto de Autonomía de
Cataluña es la norma institucional básica de Cataluña
que las Cortes Generales de España
han aprobado en 1932, 1979 y 2006 para otorgar la autonomía y fijar los márgenes del autogobierno
en dicho territorio. El último estatuto tuvo recortes del gobierno de Madrid y
luego del Superior Tribunal de Justicia a petición de algunos partidos políticos
y en contra de lo aprobado por voto de la ciudadanía. A pesar de ello, quedó
aprobado el Consejo de Garantías Estatutarias.
El Consejo de Garantías
Estatutarias de Cataluña es una institución de la Generalitat creada por el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Vela por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de las disposiciones de la Generalidad y tutela,
asimismo, los derechos reconocidos en el Título I del nuevo Estatuto de
autonomía y de los que establezca, cuando se apruebe, la Carta de los
derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña.
En su dictamen, de 159 páginas,
el Consejo de Garantías concluye que la consulta se adecua al artículo 122 del
Estatuto catalán, que versa sobre la capacidad de convocar consultas populares
no refrendatarias. Al respecto, el informe entiende que la articulación de
determinados procedimientos orientados a obtener la opinión de la ciudadanía
“no colisiona” ni es incompatible con el fundamento último de la soberanía
reconocido en la
Constitución , sino que, al contrario, “puede contribuir a
reforzar destacados valores constitucionales”. El Consejo estima, asimismo, que
la proposición de la ley no vulnera la autonomía local municipal y asegura que
el sistema constitucional no prohíbe en ningún caso que la Generalitat pueda
consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés “si lo hace
amparada en una competencia propia”.
No deben quedar dudas, entonces,
de que el 9 de noviembre se puede votar en la consulta no vinculante. Ello es
así porque la decisión del pueblo catalán de pronunciarse sobre el “derecho a
decidir” no vulnera ni la normativa que
rige la autonomía catalana (Estatuto de Autonomía de Catalunya), ni aquella en
la cual ésta se basa (Constitución del país), ni cualesquiera otra legislación
concordante.
Por ello, debemos afirmar que en
el siglo XXI las dificultades de las naciones se deberían solucionar mediante
el ejercicio de la democracia. Se teme, sin embargo, que el Superior Tribunal
Español pueda anular la próxima ley de consultas que dictamine en septiembre
por el Parlament, situación que
provocará una gran indignación, tal vez similar a aquella que embargó al pueblo
catalán, hace algunos años, cuando se recortó el Estatuto de Autonomía.
