el procés sigue.

El proceso independentista sigue su curso. A fin de cuentas, un anhelo enraizado en la historia de Catalunya y dinamizado, para mal o para bien, en la última década, no puede más que seguir desarrollándose y ello porque, precisamente, no se trata de una decisión de un día ni, mucho menos, de un capricho, sino de un proceso que viene desde muy lejos en el tiempo. 

La fecha del próximo 21 de diciembre subordina y condiciona, en la coyuntura,  a actores y propuestas, pues de allí saldrá la nueva configuración parlamentaria. Pero ha ingresado otra vez al escenario, súbitamente y de modo impensado, un concepto que ya tiene vida propia pues lo esgrime con tenacidad digna de mejor causa el gobierno español: es el concepto de "ley" y, más allá, el de "Estado".

La sorpresiva muerte en Buenos Aires del Fiscal General de España, José Manuel Maza Martín (autor de las querellas en la Audiencia Nacional de España contra el ex presidente regional catalán Carles Puigdemont y trece ex consejeros autonómicos por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación) actualizó, como un acto reflejo, aquellos conceptos, pues el homenaje que  rindió  el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, enfatizó que el occiso había llevado una vida "... al servicio del Estado"; en tanto que la Asociación de Fiscales de España, al deplorar esa muerte, consignó que la obsesión de Maza Martín había sido "... el principio de legalidad, la ley y el derecho".

Es claro, así, que, al interior del gobierno español, habita la convicción de que nunca jamás le será concedida la independencia al pueblo catalán. Porque si la ley, el derecho y el principio de legalidad se hallan allí, pétreos e inmodificables a lo largo del tiempo, nada más hay que hacer sino resignar la aspiración libertaria sacrificándola en el altar de la obediencia al Estado. Claro que con esos criterios todavía nos regiría el derecho romano tal como fue concebido por Ulpiano y Paulo, insignes juristas de aquel imperio.

El caso, entonces, es que todo lo que hoy es legal alguna vez fue ilegal, incluso las aspiraciones políticas de la familia De Borbón Parma, que no siempre gozó de simpatías a lo largo de la historia de España. Hay una tensión aquí, entre derecho y política, entre supremacía de la ley y soberanía popular. Y el modo de superar esta tensión es la negociación entre  partes legitimadas por la voluntad popular.

A ello apunta el 21 de diciembre próximo. La "catalanidad" independentista marcha al comicio sin lista de unidad pero ello no obstará a que, en el Parlament, la Esquerra Republicana, el PDeCat y la CUP sigan actuando como un frente común. Hay programa para tal convergencia: a favor de la democracia, contra las soluciones autoritarias y represivas, a favor de terminar con el artículo 155, por la libertad de los presos políticos y a favor de legitimar lo que el 1º de octubre eligieron los catalanes.

Mientras tanto, consignamos tres hechos que enrarecen el clima político. El jueves 16, Marta Rovira, la "Nº 2" de Esquerra Republicana visitó a los "ex consellers" en prisión en las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco. Cuando se retiraba, denunció que el Govern no aplicó la independencia tras la declaración unilateral realizada en el Parlament el pasado 27 de octubre porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy amenazó con utilizar armas de fuego contra la población en Catalunya. Rajoy, apelando a un lenguaje violento en línea con lo acontecido el 1º de octubre,  calificó esta denuncia de "burda patraña" y "mentira miserable".

También la semana pasada trascendió que el ideólogo de los atentados terroristas de Barcelona era confidente de los servicios secretos españoles.  Y que el trabajo realizado por la Guardia Civil y la inteligencia del gobierno español fue increíblemente deficiente. Sólo gracias a la actuación de los Mossos d'Escuadra se pudo esclarecer el hecho, especialmente por la actividad del señor Trapero, el jefe de los Mossos, hoy relegado a tareas administrativas. Esta información la publicó on line el diario  Público (www.publico.es).

Finalmente, el sitio www.eldiario.es informó, el sábado 18 de noviembre, que el Partido Popular del presidente del gobierno de España Mariano Rajoy, es imputable por ser penalmente responsable de  destruir pruebas de los discos duros de su tesorero, Luis Bárcenas. Este caso de corrupción se suma al originado en 2003 (caso Gürtel) y dejan  a la intemperie, en primer lugar, al propio Rajoy, quien para la mayoría de los catalanes carece de autoridad moral para señalar  -como lo ha hecho-  que la ley está para cumplirla y que el Estado está para servirlo.